En enero pasado un ciudadano chileno, oriundo de Lautaro, región de la Araucanía, se acercó a la fiscalía para realizar una denuncia. Relató que había ingresado al portal Simple Escorts para contratar los servicios de una trabajadora sexual. El problema fue que la cita nunca se concretó y estaba siendo extorsionado. La amenaza consistía en que si no transfería dinero a una determinada cuenta, sería "funado" en redes sociales.
Al fiscal Enrique Vásquez, jefe de la Fiscalía Local de Lautaro, le llamó la atención de inmediato la acusación. "Me ha tocado investigar extorsiones por ocupaciones de predios y robo de madera, pero nunca relacionado con un servicio sexual. La extorsión es un delito grave. En este caso operaba un clan familiar y tenemos 15 víctimas confesas desde La Serena hasta Puerto Montt. Creemos que puede haber más por los montos de dinero que ellos manejaban. Seguramente no hicieron la denuncia por vergüenza", afirma.
El persecutor relata que cuando empezó a investigar, descubrió que a nivel nacional existían otras denuncias similares. En ellas se repetía una constante: las cuentas bancarias y la forma de operar.  "Todas las víctimas -hombres adultos- relataban que al ingresar a una página web donde se ofrecen servicios de escort seleccionaban el perfil de una supuesta trabajadora y eran redirigidos a un WhatsApp".
El fiscal afirma que "las conversaciones por chat eran bien acotadas. Las víctimas pedían información sobre el servicio que prestaba la trabajadora sexual y el valor del mismo. Al momento de solicitar una cita ella les decía que le debían transferir 40 mil pesos como reserva".
Cuando los clientes reclamaban por este pago anticipado eran chantajeados de vuelta. "Al parecer no es usual pedir la plata por adelantado. La principal amenaza era la difamación pública en redes sociales. Lo que se conoce popularmente como funa. Con la misma foto de perfil de las víctimas la supuesta escort creaba una publicación donde salía su nombre con las palabras pervertido, degenerado y decía que lo iba a compartir en Facebook. También afirmaba que llegaría con prostitutas y travestis hasta su domicilio para que su familia se enterara. En un caso hubo hasta una amenaza de muerte".
Los servicios se ofrecían a través de cuatro páginas: Simple Escorts, Locanto, Mis Amantes y Trablago. El valor de las extorsiones, agrega el fiscal, variaban. "Desde 150 mil pesos hasta 900 mil pesos que llegó a pagar una víctima. Pasando por 200, 300, 600 y 800 mil pesos. La mayoría pagaba una vez pensando que lo dejarían tranquilo. Pero el problema era que las extorsiones seguían y eso los motivó a hacer la denuncia".
_{Los imputados}
Con los números de las cuentas proporcionadas por las víctimas, la Fiscalía concluyó que los culpables de las extorsiones eran Gastón Vásquez Figueroa (31 años), su pareja Paulina Corvalán Aros (41), la hija de ella Danae Muñoz Corvalán (22) y su hermana Alejandra Vásquez Figueroa. Los tres primeros domiciliados en Cunco y la última en Chillán.
"Ninguno de los cuatro tiene trabajos formales u otras fuentes de ingreso. Establecimos que venían operando desde el 2021, que en sus cuentas bancarias registran movimientos por 70 millones de pesos, que entre ellos se transfirieron 40 millones. La última extorsión la realizaron el lunes 15 de abril".
El jueves los cuatro fueron formalizados en el Juzgado de Garantía de Lautaro por los delitos de asociación criminal y extorsiones reiteradas. Quedaron con prisión preventiva, ya que el tribunal consideró que eran una amenaza para la sociedad y para las mismas víctimas.
"El imputado varón tenía una condena previa por cinco años y un día por robo con intimidación. Al parecer él lideraba la agrupación. Las tres imputadas pidieron declarar para colaborar con la investigación. También tenemos que periciar los seis equipos telefónicos, los tres computadores y los numerosos chips para teléfonos que encontramos en su casa. Cada vez que extorsionaban a alguien lo hacían con otro número", relata el fiscal.
Los hombres extorsionados se encuentran más tranquilos. El juez caratuló la causa como reservada. "Más allá del daño emocional por verse amenazados no tenemos información que alguna de las víctimas haya sufrido algún problema con sus familias", afirma Enrique Vásquez.

 


"La principal amenaza era la difamación pública en redes sociales. Lo que se conoce popularmente como funa"