C ada vez que Carla Trujillo, de 30 años, camina por calle O’Higgins, en Curacaví, se imagina la casa de dos pisos color mostaza que iba a recibir por haber postulado al subsidio habitacional hace cuatro años. Hoy, el terreno donde le dijeron que se iba a construir el proyecto “Sol Teresita”, permanece vacío.

La mujer cuenta que en mayo de 2007 pidió un crédito al banco para pagarle un millón 250 mil pesos a Raúl Colarte de la Cuadra, dueño de Gesin Limitada, una Empresa de Gestión Inmobiliaria Social (Egis) encargada de asesorar a los postulantes al subsidio.

“Él se presentó como abogado y nos explicó que si comprábamos el terreno, el Serviu iba a construir las casas más rápido y el subsidio iba a salir en un año y no en tres o cuatro. Yo y muchas familias le pasamos entre 1 y 2 millones de pesos cada uno y todavía seguimos de allegados”, dice Trujillo. María Álvarez agrega que “yo pagué 600 mil pesos por el proyecto “Esmeralda” y nunca existió”.

Ayer, Raúl Colarte fue formalizado por presunta apropiación indebida y ejercicio ilegal de la profesión. Horas antes, el rostro del hombre apareció en el programa “Informe Especial”, de TVN.

Cristián Cáceres, fiscal jefe de Curacaví, explicó que la ley establece que las Egis no tienen facultad para recibir dinero de los ahorrantes. “Acá se acreditó que los proyectos “Sol Teresita”, “Esmeralda” y “El Mirador” nunca fueron ingresados al Serviu Metropolitano y que el imputado no tenía facultad para recibir fondos de los postulantes de los tres comités”.

Según la fiscalía, las supuestas defraudaciones de Colarte afectaron a 200 personas y bordean los 300 millones de pesos. “Estamos en presencia de delitos gravísimos, se jugó con la ilusión de las personas, con su derecho básico a la vivienda digna”, comentó el abogado de las familias, Pedro Julio. Raúl Colarte quedó en prisión preventiva, en medio de los aplausos de más de 30 personas.