H ace poco más de un año, Federico Jerez contrató para unos trabajos de ampliación de su casa en Puerto Natales a Miguel Ángel Valderrama. El monto acordado a pagar fue de $15.070.000. Le adelantó la mitad del dinero y a poco andar le pagó otro poco. En total 13 millones y fracción.

Semanas más tarde, Jerez denunció al maestro alegando que no cumplió ni con el 30% de los trabajos acordados.

Como suele ocurrir en estos casos, hubo una demanda civil y se inició un proceso que todavía no ve la luz.

Pero todo cambió el 27 de marzo pasado, cuando el diario electrónico portalnatales.cl publicó una nota reseñando el caso y la hija de Jerez subió esa nota a su cuenta de Factbook.

Pidió compartir el enlace porque “así este señor no podrá jugar con los sueños de ninguna familia más”. Y decidió acompañar esa publicación con una foto del carnet de identidad de Valderrama.

El aludido decidió presentar entonces un recurso de protección en contra de la joven, el cual fue acogido este martes por la Corte Suprema, señalando que se había infringido su derecho a la vida privada y a la imagen. En su resolución los magistrados decretaron que la mujer debe eliminar la foto publicada.

Karina, contra quien era el recurso de protección, reflexiona: “Quizás no debí poner la foto del carnet que estaba en el contrato (de trabajo, que firmó con su papá). Pero no entendí el por qué del recurso, creo que alguien que comparte una opinión en redes sociales, sobre todo cuando es algo que atañe a la gente que más quiere, no tiene por qué ser enjuiciado. Ya la borré hace mucho tiempo, pero me da pena por mis padres”.

La joven agrega que “lo más irónico es que el caballero es jubilado del Ejército, igual que mi padre, y mi papá confió en él por eso, porque tenían un lazo de la familia militar”.

Esteban Barra, abogado civilista del estudio Chaves, Awad, Contreras, Schürmann Abogados, explica que “todos somos iguales ante la ley, y en derechos también. Entonces, no se puede tomar la justicia por sus propias manos, no se pueden vulnerar los derechos garantizados constitucionalmente de ningún otro ciudadano, incluido aquel que eventualmente le haya generado un perjuicio. La solución que le entrega el Estado no es que usted se vengue de otra persona, perjudicando su honra o su imagen, sino mediante un juicio indemnizatorio”.